Economía virreinal (América colonial)

Ilustración que muestra las diversas tareas del cuidado del ganado bovino y caballar en el Nuevo Mundo.

La organización de los virreinatos respondió a una idea de permanencia e integración de los territorios en el conjunto de la monarquía hispánica. Esto provocó que en el ámbito económico, se tendiera a fomentar actividades parecidas a las que existían en la metrópoli (sin descuidar las nuevas “oportunidades”, como la minería del oro y la plata). Por ello, la estructura económica de las sociedades virreinales descansaba sobre cuatro pilares fundamentales: la minería, la producción agropecuaria –realizada a través de las haciendas–, las actividades artesanales y el comercio, tanto el regional como el ultramarino.

Las colonias inglesas y francesas, por el contrario, fueron objeto de un menor control político y religioso por parte de sus respectivas Coronas y basaron su economía en la producción agrícola –en particular de algodón, tabaco, café y caña de azúcar– y el comercio, pues fueron concebidas como abastecedoras de materias primas de las incipientes industrias europeas.

La minería

Aunque la mayor parte de los yacimientos de oro se agotó en los primeros años posteriores a la conquista, tanto la Nueva España (Zacatecas, Guerrero) como el Perú (Potosí) poseían vetas argentarias casi inagotables. Ello hizo que la explotación de las minas americanas se convirtiera en uno de los pilares fundamentales de la economía mundial entre los siglos XVI y XVIII.

La minería fue fomentada gracias a una serie de innovaciones técnicas destinadas a abaratar y simplificar la producción de metales. Entre éstas pueden mencionarse la invención por Bartolomé Vargas del método de amalgamación –que consistía en separar la plata mediante la reacción química provocada por el mercurio– y la invención de las bombas hidráulicas.

La Corona delegó la explotación de los yacimientos en los particulares, los cuales debían entregar un quinto del total de la producción al estado (“quinto real”). La plata se fundía en lingotes y era enviada a Lima o a la ciudad de México, de donde pasaba a España; una parte considerable de la producción, sin embargo, permanecía en América, pues la plata no sólo se utilizó para hacer monedas –con las cuales pagar salarios y deudas y organizar nuevas flotas–, sino también para elaborar enseres de uso cotidiano, así como objetos de uso personal y litúrgico. Los reales de minas atrajeron numerosos pobladores y se constituyeron en importantes mercados.

La agricultura

La agricultura se practicaba en la mayor parte de América desde tiempos remotos, por lo que el aspecto más significativo del contacto entre ambos mundos fue la introducción de nuevos productos y nuevas formas de explotación agrícola. Estas últimas fueron de tres tipos: señoríos, tierras comunales y haciendas.

El primero fue el de los señoríos constituidos al estilo medieval, como el que gozó Hernán Cortés ; en este caso, el dueño del señorío podía utilizar la mano de obra de los indígenas, que eran sus vasallos, y pagar los impuestos a la Corona.

El segundo tipo fueron las tierras comunales indígenas, destinadas a la producción para el autoconsumo y al pago de impuestos.

El tercero fueron las haciendas, las cuales se convirtieron en las unidades básicas de producción. Éstas utilizaban la mano de obra indígena o empleaban a trabajadores asalariados. En muchos casos los patrimonios se heredaron de tiempos de la conquista, pero en otros muchos se constituyeron con base en la compra-venta de tierras o en el despojo realizado sobre las comunidades indígenas. Para regularizar la tenencia de la tierra, la Corona realizó varias composiciones de tierras por las cuales cobraba diversos derechos. La producción de las haciendas estaba destinada a abastecer el mercado local o regional.

La producción agrícola se centró en los productos oriundos, como el maíz, la calabaza, las judías, el frijol, el chile, el mango, la sandía y la papa o patata, a los cuales se sumaron las especies provenientes del viejo mundo, como el trigo, la caña de azúcar, el algodón, la naranja, la vid y el arroz. Esta variedad mejoró la dieta de las poblaciones de ambos lados del Atlántico y generó en América una rica cultura culinaria.

Plantación de índigo explotada por la Compañía de Caracas.

La ganadería

La ganadería, centrada en la crianza de la llama, se practicaba sólo en los actuales Perú y Bolivia, por lo que su introducción en Mesoamérica acarreó diversas consecuencias.

En primer lugar, hubo alteraciones ecológicas, pues los ganados requerían una gran cantidad de pastos para su cría. Aunque las zonas de cultivo se mantuvieron bajo la protección real, lo cierto es que en muchas ocasiones los ganados penetraron en las explotaciones indígenas y ello provocó un bajo nivel de cosechas.

Una segunda consecuencia fue el enriquecimiento de la dieta cotidiana de la mayor parte de la población, pues se incorporaron productos animales como los huevos de gallina y productos lácteos como el queso o la leche; la introducción de carnes rojas –cerdo, cordero, pollo, res– contribuyó a aumentar el nivel de proteínas, en tanto que las pieles, sobre todo del ganado vacuno, fomentaron una importante industria peletera.

La tercera consecuencia fue la introducción de una fuerza motriz hasta entonces inexistente que transformó radicalmente las técnicas agrícolas –gracias a la introducción del arado tirado por bueyes– y facilitó el transporte de productos a grandes distancias mediante la utilización de recuas de mulas y burros; el caballo, por su parte, fue empleado como cabalgadura y como animal de tiro, al tiempo que fue utilizado ampliamente en las tareas ganaderas. Ello daría nacimiento a la cultura de los gauchos en la Pampa argentina y a la del vaquero en el centro y norte de México.

Aunque en muchas regiones existieron zonas dedicadas exclusivamente a la ganadería, las cuales se estructuraron en torno a la institución de la hacienda, en la mayoría de los núcleos de población hubo lo que los economistas denominan “economía de traspatio”, es decir, que la mayor parte de las familias tenían en sus casas aves de corral y algún cerdo para su consumo personal.

La artesanía y el comercio

Las actividades artesanales tuvieron como principal objetivo abastecer las necesidades del mercado local. Éstas podían ser muy variadas: desde herramientas y objetos de uso cotidiano –vajillas, cubiertos, aguamaniles, cinturones, calzado–, hasta manufacturas de lujo dedicadas a las clases pudientes o al ornato eclesiástico –cálices, candelabros, etc.–. La mayoría de los oficios –plateros, orfebres, sombrereros, carpinteros, peleteros– se importaron de la península y reprodujeron la organización gremial existente en España, creando sus propias cofradías y gozando de los mismos derechos y privilegios que aquéllos. A partir del último tercio del siglo XVII comenzó a desarrollarse la industria textil en algunas regiones.

El comercio, por su parte, fue la rama de la economía que logró vincular al resto de las actividades productivas, creando un sólido mercado interno y unas pujantes relaciones comerciales a nivel internacional. Se desarrolló en tres esferas: la local, la regional y la internacional.

El ámbito local quedó en manos de los propios productores o de pequeños comerciantes. Su finalidad era abastecer el propio mercado y las operaciones no eran demasiado cuantiosas. Este comercio, sin embargo, no podía satisfacer todas las necesidades de las grandes poblaciones, por lo que se complementó con un comercio regional por el que los distintos poblados abastecían a las ciudades. Esta esfera fue monopolizada por los intermediarios, que lograron transportar grandes cantidades de mercancías gracias a las recuas. Se comerciaba con productos de todo tipo, desde granos hasta manufacturas de primera calidad.

La tercera esfera fue la internacional, que unió los mercados de oriente y occidente gracias a una ruta que cruzaba el Pacífico y el Atlántico y que tenía en los puertos novohispanos de Acapulco y Veracruz sus conexiones principales. Este comercio, controlado por los grandes mercaderes de uno y otro lado del Atlántico –agrupados en consulados– y vigilado por la Casa de Contratación de Sevilla, se centraba en los productos de lujo: de oriente se importaban sedas, porcelana, especias y maderas preciosas; de Europa se traía vino, aceite de oliva, paños, lienzos, obras de arte, instrumentos científicos, libros, tapices, cartas y personas; América exportaba tabaco, algodón, cacao, café, maderas y metales preciosos.

Existieron tres rutas internacionales: la que unía Sevilla con los puertos de Santiago de Cuba y sus ramificaciones hacia Veracruz y Cartagena de Indias; la que unía Acapulco con Filipinas gracias a las naves de China, y, por último, la que unía el Virreinato del Perú con el de Nueva España, en la costa del Pacífico. Las flotas se organizaban anualmente e iban protegidas siempre de una poderosa armada, con lo cual se pretendía evitar los ataques de los piratas franceses e ingleses y aprovechar los vientos favorables.

El papel del estado: las reformas borbónicas

Hasta el siglo XVIII, las oligarquías locales tuvieron una gran libertad de acción y un amplio margen de autonomía. Frente a esta situación de hecho, la Corona optaba por controlar de la mejor manera posible el envío anual de los recursos económicos procedentes de la extracción minera, los derechos aduanales y los diferentes estancos, así como implantar formas de trabajo indígena que mejoraran la fortaleza económica de los territorios colonizados y, por tanto, del propio reino.

Con el objetivo de garantizar el ingreso constante de recursos económicos, la Corona implantó su monopolio sobre la venta y comercialización del tabaco, las barajas, el mercurio, la pólvora, las loterías, el papel timbrado y las bebidas alcohólicas. A ello sumó la venta de cargos públicos, los derechos aduanales –almojarifazgo y alcabala–, el quinto real sobre toda la producción de plata, el control de los bienes de los intestados, el tercio sobre el diezmo eclesiástico y la Bula de Cruzada.

Respecto al segundo punto, las instituciones económicas del trabajo indígena, la labor de la Corona topó con el conflicto de intereses entre los conquistadores y las órdenes religiosas que querían evitar su maltrato y esclavitud. El resultado fue que se crearon tres sistemas similares de explotación: el repartimiento, la mita y la encomienda. Los dos primeros consistían en que un determinado número de personas debían trabajar periódicamente y de forma obligatoria en las tierras o las minas de un conquistador a cambio de un salario. La encomienda, por su parte, implicaba el otorgamiento de un pueblo entero a un conquistador para que éste pudiera beneficiarse de su mano de obra a cambio de pagarle un salario, obtener los respectivos impuestos y velar por su proceso de cristianización.

Estos sistemas funcionaron relativamente de acuerdo a las expectativas estatales durante siglo y medio. Sin embargo, en el último tercio del siglo XVII la cantidad de plata que recibía España se redujo considerablemente. Ello se debió no tanto al agotamiento de los yacimientos como al hecho de que una parte importante de la producción era utilizada en la propia América en forma de moneda con la cual se hacía frente a los gastos de defensa territorial, se cubrían los sueldos de los funcionarios y se conformaban los patrimonios de la Iglesia y las oligarquías locales. A ello debe sumarse el hecho de que una buena cantidad de plata se utilizaba como materia prima para elaborar diversos bienes suntuarios y de uso litúrgico y cotidiano como vajillas, cubiertos, espejos, pulseras, candelabros, cálices, etc. De esta forma, se estima que entre 1651 y 1739 sólo fue enviado a España el 20,6% de la producción total de plata.

Además, la economía virreinal comenzó a resentirse del contrabando, el cual se incrementó a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Estaba controlado por franceses y británicos, quienes ofrecían productos más económicos y, en ocasiones, de mejor calidad que los elaborados en España. Estos productos (textiles de lana, sedas, azúcar, relojes, plomo, paños), a los que se añadía el comercio de esclavos africanos, invadieron lentamente el mercado local y generaron grandes pérdidas a la Real Hacienda. Tales actividades eran permitidas o insinuadas por las propias autoridades políticas y aduanales, lo que fomentaba la práctica del soborno.

Los ingresos de la Corona también se vieron afectados por la piratería. A finales del siglo XVIII, los corsarios británicos y franceses atacaron sistemáticamente tanto a las flotas como a las principales ciudades portuarias: Veracruz, Campeche y Cartagena de Indias, ocasionando graves gastos a la administración que, para contrarrestar sus efectos sobre el Caribe, tuvo que crear la armada de Barlovento.

Las reformas borbónicas

Todo ello, junto con el reformismo propio de los Borbones, se tradujo en el establecimiento de una serie de medidas con dos objetivos prioritarios: modernizar la economía a través del establecimiento del libre comercio entre todos los puntos del imperio y aumentar los recursos y beneficios procedentes de las colonias americanas mediante el desarrollo de los monopolios reales y el saneamiento de la Real Hacienda. La consecución de ambos objetivos tuvo que enfrentar una dura oposición por parte de las elites económicas de ambos lados del mar, las cuales se negaron a perder el control que ejercían sobre la economía.

En la esfera comercial, la primera medida consistió en instituir una Junta de Restablecimiento del Comercio (1705) para realizar un balance de la situación de las relaciones comerciales entre América y España. Poco después se constituyó la Junta de Hacienda y Comercio (1713) con el objetivo de liberar el comercio con América. De esta suerte, se creó la Casa de Contratación de Cádiz (1717) y se abolió el monopolio de la Casa de Contratación de Sevilla, al tiempo que se constituyeron las compañías comerciales encargadas de la producción y comercialización de determinados productos en zonas específicas. De éstas, las más importantes fueron la de Caracas, o Real Compañía Guipuzcoana, creada en 1728 y avocada a la comercialización del tabaco, el cacao y el índigo; la de la Habana, surgida en 1740 y centrada en el comercio de tabaco y azúcar, y la de Cumaná, o Compañía de Barcelona, instituida en 1752 para encargarse del comercio del algodón. A ellas deben añadirse algunas de menor calado, como la Compañía de Montesacro, la Sevillana de San Fernando, la de Madrid y la de Filipinas.

El paso definitivo en la liberación comercial se dio en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando los puertos de Santander, San Sebastián, Gijón, La Coruña, Barcelona, Málaga, Cartagena, Alicante, Almería, Cádiz, La Palma y Santa Cruz de Tenerife fueron autorizados a comerciar con América. El comercio entre la Nueva España y el Perú, sin embargo, se mantuvo prohibido hasta 1774 para evitar que la plata peruana se desviase hacia los circuitos comerciales del océano Pacífico.

Parte complementaria de todas estas medidas fue la supresión definitiva en 1740 del sistema de flotas –el cual, tras haberse casi extinguido en los comienzos del siglo XVIII, había sido reinstaurado brevemente por Felipe V – y el establecimiento de la libertad de circulación; tal medida, sin embargo, no afecto a la Nueva España, donde el sistema de flotas se mantuvo vigente hasta 1785. A ello se sumó la reducción o eliminación de diversos aranceles y el establecimiento de una tasa impositiva única. Por otra parte, se concedió a los ingleses el monopolio del comercio de esclavos en la América hispana entre 1713 y 1743.

La implantación del libre comercio se tradujo en un aumento efectivo del volumen de las transacciones comerciales –sólo entre el comienzo y el final de la década de 1780 las exportaciones peninsulares se triplicaron–, en la supresión definitiva de la Casa de Contratación de Cádiz (1790) y en la constitución de los Juzgados de Arribadas, encargados de hacer cumplir los reglamentos, revisar los cargamentos y acabar con el contrabando.

Con el objetivo de acrecentar sus ingresos directos, la Corona siguió tres políticas concretas: suprimir la encomienda, acrecentar los monopolios y sanear la Real Hacienda. La primera de las medidas significó un duro golpe para los terratenientes y los mineros españoles: el fin era que los indígenas pagasen directamente sus impuestos (capitación) en vez de hacerlo a través de los encomenderos. Hacia 1707 la mayoría de las encomiendas se encontraban ya bajo la jurisdicción regia, aunque sobrevivieron algunas encomiendas privadas en zonas aisladas de Venezuela, Paraguay, Yucatán y Chile.

El monopolio que más creció fue el del tabaco gracias a un aumento de las áreas de cultivo, al establecimiento de reales fábricas tanto en América como en España que utilizaban a cientos de mujeres y a la proliferación de estancos por toda la geografía imperial.

Finalmente, la Corona combatió la evasión fiscal, vigiló a los recaudadores de impuestos, concedió a los intendentes el control final de los impuestos e incentivó las actividades primarias para aumentar los recursos obtenidos mediante diversas imposiciones. Todo ello, sumado al descubrimiento de nuevas vetas argentíferas en la Nueva España, permitió un incremento notable de los recursos enviados a la península.